Enredado en un problema estructural y sin solución de fondo a la vista, el Estado nacional lanza un nuevo “puente de inclusión”, el “monotributo productivo”, que busca morigerar los efectos negativos de la informalidad laboral. Y apuesta a la formalización progresiva. La actividad en “negro” se trata de un fenómeno creciente que afecta a muchos países, y a la Argentina en particular. Con una nueva ley que se empezará a discutir en Diputados, se posibilitará a trabajadores informales inscriptos o no en el Registro Nacional de la Economía Popular (RNEP)incluirse en las tres categorías inferiores del Monotributo social, A, B y C, sin abonar ni un peso durante dos años, y pagando el 50 por ciento (monto actual aproximado de 850 pesos) durante el tercer y cuarto año de inscripción al nuevo régimen. A partir del quinto año, se recomponen los aportes mensuales plenos.

El régimen permitirá que trabajadores informales, esporádicos, con bajos ingresos, que reciben complementariamente o no un plan social y que, además de prestar una tarea – laboral o educativa- en contraprestación por ese ingreso (equivalente a medio salario mínimo), hacen changas o desarrollan oficios sin relación laboral formal (sin patrón), puedan estar “blanqueados” por el monotributo que les garantiza el aporte jubilatorio, la posibilidad de facturar por su servicio, la inclusión bancaria, y una atención médica básica en los programas de atención de salud pública.

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Los números ya ampliamente verificados indican que en la Argentina unos ocho millones de personas trabajan de manera completamente informal, otros tres millones están inscriptos en el RNEP – no realizan aportes jubilatorios ni pueden facturar ni tener cuentas bancarias- y sólo unos 350 mil están inscriptos en el Monotributo social.

En conversación con La Capital, Pablo Chena, director nacional de la Economía Social – Ministerio de Desarrollo Social-, explicó que el costo fiscal del proyecto “es cero, porque si bien se contabiliza el aporte jubilatorio que no se está concretando, la realidad es que al final del día el Estado termina prestando una moratoria o algún sistema que a esa persona le permita jubilarse”. Por el contrario, el gobierno, proyecta que “una persona registrada con el monotributo ‘productivo’, y bancarizado, promueve naturalmente un nivel de blanqueo en sus actividades económicas que impacta sobre todo el sistema”.

El proyecto de ley que tiene su punto de partida en el propio gobierno nacional, lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, del ministro Martín Guzmán y del jefe de Gabinete, Juan Manzur. Llegó a Diputados en la última semana de diciembre pasado, aunque recién ahora empieza tomar vuelo: las comisiones para su tratamiento fueron conformadas en las últimas horas. Desde ya, el nuevo “monotributo productivo”, o “puente inclusivo”, cuenta con el apoyo político de los movimientos sociales que tributan muy cerca del presidente (Movimiento Evita, entre otros) y el oficialismo intentará colocarlo en la agenda legislativa junto al resto de los temas “productivistas” que serán tema de conversación las próximas semanas.

Es el paquete “productivista” que viene con la inspiración del Ministerio de la Producción que conduce Matías Kulfas, y que tiende a facilitar impositivamente al mundo Pyme, en especial aquellas que pueden generar trabajo registrado y traer dólares de las exportaciones, será acompañado por la pata “social”, el puente inclusivo que fue craneado en Desarrollo Social.

Entre los considerandos, el proyecto dice: “La experiencia ha demostrado que el denominado “Monotributo Social”, después de un largo tiempo de su implementación no ha dado los resultados esperados, por lo cual se requiere adoptar medidas innovadoras que tiendan a la inclusión social de un sector importante de la población”

Para lograr esa finalidad se crea un “Puente de Inclusión” en reemplazo de los regímenes sociales vigentes, para que los contribuyentes logren su integración definitiva al Régimen Simplificado.

El proyecto
Cuando corresponda la inscripción en las Categorías A, B y C, los contribuyentes estarán exentos de ingresar el componente impositivo, y con respecto al componente del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) también estarán exentos y exentas durante los primeros dos años, y los restantes dos años deberán ingresar el 50 por ciento de la cuota de acuerdo con su categoría. Con respecto a los sujetos a quienes les corresponda su adhesión en las Categorías D y superiores, durante los dos primeros años estarán exentos de ingresar el componente impositivo, el tercer año deberán ingresar el 50 por ciento y el cuarto año el 75.

Con respecto al componente del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante el primer año estarán exentos, el segundo año deberán pagar el 25 por ciento, el tercer año el 50, y el cuarto año el 75. A su vez, sin importar la categoría en la cual se adhieran serán considerados y consideradas automáticamente incluidos como beneficiarios de las coberturas de salud disponibles a través de los Programas Nacionales desarrollados por el Ministerio de Salud al momento de solicitar la atención efectiva en cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), y no deberán realizar aportes al Sistema Nacional del Seguro de Salud.

Al término de los cuatro años, el pequeño contribuyente pasará al Régimen Simplificado.