Personas en situación de pobreza de toda el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), formaban este lunes casi 40 cuadras de fila alrededor del Ministerio de Capital Humano, en Retiro, para que la jefa de la cartera, la periodista y licenciada en Ciencias de la Familia Sandra Pettovello, los anotara. Ella les había dicho el pasado jueves a los líderes de las organizaciones sociales de la UTEP, como Barrios de Pie o el Movimiento Evita, que no quería hablar con los intermediarios.
Mientras, los obispos reunidos en la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitían un comunicado reclamando que “sin dilación” el Gobierno, que lleva dos meses funciones en plena acelaración de la inflación, envíe alimento a los comedores comunitarios, a donde suelen ir 10 millones de los 46 millones de habitantes. Ese mismo día, Pettovello firmaba un acuerdo con la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera), en la Fundación Promesa Eterna de José C. Paz, para enviarles a sus merenderos $177 millones para que compren comida para 36.000 individuos, a razón de apenas $4.900 por cabeza.
¿Es que acaso la ministra buscaba cambiar de “gerentes de la pobreza”, como llaman los libertarios a los referentes de las “orgas” sociales, por pastores? En el ala más política del Gobierno aclaran que no: aclara que se ganó una “batalla mediática” para confrontar con un “enemigo”, los “piqueteros”, pero saben que las iglesias de ACIERA no alcanzan para calmar el hambre y tendrá que recurrir a las organizaciones sociales para que la ayude llegue a millones y se evite un colapso en los barrios más pobres.
El presidente Javier Milei y su amiga Pettovello quisieran hacer tábula rasa con los dirigentes de la UTEP, en la que también está el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois, o los de la Unidad Piquetera, donde se agrupaban hasta hace poco desde el Polo Obrero de Eduardo Belliboni hasta Libres del Sur. Pero el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, un peronista católico conservador y antiliberal, tiene claro que necesita contener el drama social por la inflación que acumula 50% en diciembre y enero y que licúa a la mitad la reciente duplicación de la asignación universal por hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Con la AUH y la tarjeta no alcanza.
Grabois denunció penalmente el mismo lunes a Pettovello por falta de reparto de comida en dos meses de gestión. Por eso, por un lado va el mensaje de la ministra contra las organizaciones sociales y rodeándose de pastores, pero, por otro, a los dos días firmó un acuerdo similar con Cáritas por $310 millones, 75% más que con Aciera y De la Torre prevé que en los próximos días deberá enviarle provisiones a los comedores de las organizaciones populares. No es casualidad: este domingo Milei estará en la misa de santificación de Mama Antula que presidirá en Roma el papa Francisco, defensor de esos movimientos sociales y con quien se verá a solas al día siguiente. Atrás quedaron los insultos del economista libertario contra el “representante del Maligno en la Tierra”.
Cambio de metodología
Pettovello y De la Torre quieren que ya no se mande alimentos a los comedores sino dinero porque consideran que así la ayuda llegará más rápido y con menos costos. Habrá que ver qué sucede con las ollas populares en lugares recónditos sin supermercados. La mayoría de las organizaciones sociales no se resiste a recibir la plata, aunque reconocen que les agregan problemas administrativos y contables.
El Polo Obrero, en cambio, rechaza la opción. Además, cada comedor no tiene una cuenta bancaria, con lo que de manera inevitable, el Gobierno deberá recurrir a los “intermediarios” que tanto denosta. La ministra y el secretario consideran además que la novedad será que ahora las organizaciones, desde las religiosas hasta las piqueteras, deberán rendir cuentas del dinero que perciben, pero los líderes sociales y exfuncionarios del anterior gobierno aclaran que antes ya había auditorías del destino de la comida. Quizás lo nuevo radicará en que quien no rinda los números del primer envío dejará de recibir plata al mes siguiente. Las ollas populares de las iglesias o las organizaciones sociales ya venían recibiendo comida del Estado en parte a través de un plan del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que monitorea cómo se gasta su presupuesto.
La ayuda estatal a comedores evangélicos tampoco es nueva. Como no lo es para los merenderos católicos. Ya en los gobiernos de Mauricio Macri o Alberto Fernández se había recurrido a Aciera para distribuir comida. Pero no sólo a iglesias reunidas en esa institución: hay muchos otros pastores que no están nucleados allí, sobre todo los que trabajan en los barrios más pobres. Aciera tiene un peso fuerte, pero no es la única agrupación y además en su interior reúne a líderes sobre todo conservadores, pero que buscan llevarse bien con los gobiernos de turno -su presidente Cristian Hooft rezaba con Fernández mientras repartían con Cáritas alimentos en la campaña Seamos uno y ahora firma con Pettovello-, algunos están enrolados con el peronismo como el vocal Bernardo Affranchino -del municipio de Almirante Brown- y otros militan por la Libertad Avanza como el consejero Hugo Márquez, padre de la diputada libertaria neuquina Nadia Márquez. Ella cuenta que se enteró del convenio Pettovello-Aciera después de su firma y aclara que el comedor de su iglesia, Jesús Es Rey, no recibió ni percibirá nada del Estado porque prefieren manejarse con recursos propios. Otros dos de los 37 diputados de LLA son evangélicos, el fueguino Santiago Pauli y Lourdes Arrieta.
El nuevo pacto entre el Estado y Aciera no viene a ampliar el heredado de la administración anterior sino que lo ratifica y no puede reemplazar el accionar de las organizaciones sociales. Así como esa entidad evangélica le asegura el acceso a 723 comedores con 36.000 personas, sólo Barrios de Pie le informó la semana pasada a De la Torre que cuenta con 2.000 merenderos en los que comen 50.000 individuos. Otras organizaciones de la UTEP también tienen su peso, como el MTE -que atiende a 180.000 personas-, el Movimiento Popular La Dignidad, el Evita o la Corriente Clasista y Combativa (CCC). En total, la UTEP suma 700.000 asistidas. Además, en la Unidad Piquetera están el Polo Obrero, con 4.000 ollas donde se alimentan 180.000 seres humanos. Por fuera quedó Libres del Sur, con 2.700 espacios para 178.000 personas. Hay 10.000 comedores en todo el país.
“El Gobierno necesita políticamente discutir lo de la intermediación, pero es un discurso con patas cortas”, cuenta un líder piquetero. Sucede que los comedores sean sociales o religiosos siempre están intermediados. Incluso cuando es un vecino el que se pone en su casa a alimentar a los que lo rodean, como es el caso de muchos en los barrios más pobres. “Sin los movimientos sociales, una parte de la asistencia no llega, es como querer negociar la política agropecuaria sin la Mesa de Enlace”, continúa el referente. “Lo del acuerdo con Aciera fue una respuesta a la fila del hambre y un guiño a los evangélicos que los apoyaron en la campaña, pero los evangélicos están también laburando con los peronistas en San Martín o La Matanza”, analiza.
AR/DTC
