El Gobierno anunció este lunes por la tarde la suspensión de casi 160 mil beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo. Así lo determinó el Ministerio de Desarrollo Social a raíz de la auditoría que estableció que cerca del 89% del padrón de beneficiarios del programa validó sus datos en el sistema, quienes el próximo 5 de febrero cobrará el plan completo, mientras que los que no lo hicieron percibirán la mitad del monto en febrero y, si no regularizan su situación, dejarán de percibirlo.
“Los resultados han sido sumamente favorables para el fin que perseguiríamos, que era tener certeza sobre las personas que integran todo el padrón de titulares del Potenciar Trabajo: 1.210.571 personas, hasta el día de ayer, 15 de enero, han validado su identidad y nos han dejado una cantidad de respuestas que nos permiten también direccionar el esfuerzo de los recursos del Estado para mejorarles la vida”, explicó la titular de esa cartera, Victoria Tolosa Paz.
Durante una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada, la funcionaria detalló además que un total de “154.441 personas no han realizado la validación de identidad y, por lo tanto, están sujetas a la suspensión del programa, a partir de lo que se conoce como la liquidación de enero”.
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“¿Qué puede ocurrir a partir de esto? Que haya personas que, sabemos, puedan tener dificultades para lograr la validación, ya sea por desconocimiento de esta obligación que rige por resolución ministerial o por falta de accesibilidad. Han tenido dificultados y queremos dejar abierta la posibilidad de que inicien el reclamo administrativo”, aclaró.
En este sentido, señaló que los interesados podrán realizar ese trámite “como siempre, a través de la aplicación Mi Argentina, donde tendrán que contar cuáles fueron los motivos (por lo que no realizaron el proceso en el plazo establecido) y (sus situaciones) quedarán sujetas a la revisión de la Secretaría de la Economía Social, que es la que lleva adelante el programa”.
Por el momento, “se les va a liquidar, a todas y cada una de las personas que no hayan validado su identidad, en un 50% en este mes de enero, que se va a percibir el 5 de febrero, pero a partir de allí, quienes no lo hagan no se les va a liquidar el monto del Potenciar Trabajo, el pago será de cero, tal cual rige en la normativa”.
“Hoy sabemos que 1.210.571 titulares son personas a las que les corresponde percibir el Potenciar Trabajo, no solo porque validaron su identidad, sino que sabemos perfectamente su situación patrimonial, de ingresos, de bienes registrables o no, en la República Argentina”, agregó.
En este sentido, Tolosa Paz precisó que, de ese total, 1.134.472 realizan como contraprestación actividades productivas o comunitarias; 46.471 están inscriptos en cursos de capacitación y los 29.628 restantes están finalizando sus estudios formales.
“Los datos que nos preocupan, pero que nos tienen que ocupar, son los resultados de la terminalidad educativa, cuáles son las trayectorias de estas personas. Ahí tenemos para contarles que el 60,87%, que son 736.723 titulares, no finalizaron los estudios primarios o secundarios”, completó.
En este sentido, anticipó también que junto al Ministerio de Educación van a “direccionar y poner todo el esfuerzo para, con estos datos finos, lograr que estos jóvenes, hombres y mujeres puedan terminar sus estudios”.
El 22 de noviembre pasado, la titular de la cartera de Desarrollo Social anunció el operativo nacional para validar los datos de identidad de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. La fecha límite para la carga de la información personal originalmente era el 6 de enero de 2023.
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“Con el objetivo de llegar a la mayor cantidad posible de titulares” del programa, desde el organismo se extendió el plazo para que los beneficiarios validen su identidad. La nueva fecha tope fue el 15 de enero de este año. Y para cumplir con lo planeado, desde el Gobierno se montó un operativo territorial, para “contactar a quienes aún no completaron” el trámite. Todos quienes sean titulares del Potenciar Trabajo tenían que realizar este trámite para seguir cobrando el beneficio.
La validación de datos se adoptó luego de que se conocieran irregularidades en más de 250.000 beneficiarios de planes sociales. Un informe de la AFIP reveló que 253.184 beneficiarios del programa no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 —a valor noviembre— por las cuatro horas de labor que se supone realizan. Las incompatibilidades detectadas eran en un principio: la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.
Datos sobre el relevamiento
De la información que se desprende del relevamiento por la validación de datos, se supo la cantidad de beneficiarios que tienen sus estudios secundarios finalizados y aquellos que no lo hicieron y tienen el deseo de concretarlos. Según el informe, cerca del 30% de los beneficiarios que completaron el trámite de validación tiene el secundario completo. Por su parte, el 29% no completó ese nivel educativo. Y el 10% no finalizó la primaria.
Con estos datos, Tolosa Paz busca incentivar a que todas personas que perciben una asignación de ese programa finalicen su trayectoria educativa.
“La información obtenida resulta muy útil para continuar trabajando, junto a gobernadores, intendentas e intendentes, en la búsqueda de la registración de la actividad laboral a través del programa Puente al Empleo y el fortalecimiento de unidades productivas, máquinas, herramientas y polos productivos que potencien las capacidades”, destacó en su momento Tolosa Paz.
La reacción de los movimientos sociales
El dato sobre la cantidad de personas que se quedarán sin el beneficio del programa Potenciar Trabajo, inquieta a los diferentes movimientos sociales, que reclamaron que el mecanismo genera dificultades para aquellas personas que tienen problemas de conectividad o que no cuentan con el dispositivo para realizar la validación.
De hecho, sospechan que se trata de una “estrategia burocrática” del Gobierno para “recortar planes por goteo”.
Por estas horas, organizaciones piqueteras y un grupo de movimientos sociales evalúan tomar medidas de fuerza. Es que a la cantidad de personas que se quedaría sin el beneficio de este programa, se suma el reclamo por demoras en la entrega de alimentos de programas sociales.
“Si en los próximos días no se acreditan los fondos para las herramientas y los insumos, y no se entregan los alimentos, vamos a tomar alguna medida para denunciar lo que pasa. Espero que no tengamos que movilizarnos”, advirtió un dirigente de Unidad Piquetera.
El antecedente en la Justicia
En diciembre pasado, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Ariel Lijo, hizo lugar a una cautelar y le ordenó al Gobierno que le pague los haberes correspondientes al plan Potenciar Trabajo, de noviembre, a aquellos beneficiarios que no lo recibieron por haber comprado dólares en el último tiempo.
El magistrado aceptó el pedido realizado por el dirigente social Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en contra de la decisión de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que había suspendido la entrega de la ayuda del Estado a aquellas personas que no cumplieran con determinados requisitos.
El conflicto se inició luego de que Tolosa Paz impulsara una auditoría de los beneficiarios de ese plan y diera de baja a 20.410 titulares que venían cobrando el beneficio de manera irregular, tras detectar algunas irregularidades.
Ante esto, el mismo juzgado federal, el 6 de diciembre pasado, autorizó al Ministerio a que les pague a los más de un millón trescientos mil titulares del programa, a pesar de las 253.184 incompatibilidades detectadas, dejando afuera así a los que habían sido dados de baja.
